La participación de las mujeres en la
vida política y en el acceso a los cargos públicos, ha aumentado
considerablemente en los últimos años.
Los
poderes ejecutivos y legislativos han sido los espacios donde se han
verificado estos cambios con mayor frecuencia. En particular en el caso
de los poderes legislativos, se observa un avance notable en la
participación política de las mujeres, impulsados por la implementación
de medidas especiales de carácter tempora, como las leyes de cuotas u
otras políticas activas para la incorporación de un número mínimo de
mujeres.
La
paridad sigue pendiente. Las dificultades para la plena implementación
del cupo debido a diversas barreras culturales, socio políticas y
regultatorias, impulsaron una tendencia hacia el reclamo, por la paridad
de género en los espacios de decisión. Este principio fue incorporado
en la Constitución de Bolivia en el 2009, en Ecuador en el 2008, en el
Código Electoral de Costa Rica en el 2009, y en la constitución de
México en el 2014, donde ya 11 entidades federativas incluyen la paridad
en sus marcos electorales estatales. Sin embargo, aún existe una brecha
considerable entre el reconocimiento formal de los derechos políticos
de las mujeres en la Región y su grado de participación y representación
política.
Las
mujeres continúan siendo una minoría cuando se considera quienes
participan en los procesos de toma de decisiones en las esferas civiles,
políticas, económicas, sociales y culturales de los estados nacionales.
En Guatemala se incorporó el principio de paridad y de alternancia
entre hombres y mujeres en el eje de participación sociopolítica del
Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2013, y en el Congreso se está
discutiendo un cambio de la ley electoral que incorpore esto.
La
elección de mujeres como Presidentas o Primeras Ministras en varios
países de la Región demuestra que el liderazgo político de las mujeres
va en aumento. Sin embargo, que el máximo cargo ejecutivo de una nación
se encuentre a cargo de una mujer no necesariamente es indicativo de la
presencia sustantiva de mujeres en otros ámbitos dentro del poder ejecutivo nacional.
La participación de mujeres en niveles ministeriales evidencia importantes variaciones. Un ejemplo es Colombia donde en las recientes elecciones no se logró avanzar en el número de mujeres que ocupan cargos ministeriales.
En la última década se observa un crecimiento de la participación de las mujeres en los niveles locales, pero aún se encuentran muy por debajo de los varones.
En los poderes legislativos, la situación presenta ciertas particularidades. Si bien en los congresos federales y nacionales el porcentaje de mujeres está creciendo, y hay países en los que las mujeres superan el 30 por ciento, la situación en los congresos provinciales o a nivel muncipal todavía representa un alto grado de discriminación, con porcentajes que apenas llegan al 6 por ciento de la participación. En Guatemala es mucho menor, sólo siete alcaldesas de 33 existentes son mujeres, ninguna de ellas indígenas.
Recientemente en Colombia tampoco se logró aumentar la participación en el Parlamento, excepto un escaso nivel en el Senado, que aumentó de 16 a 23 la cantidad de mujeres senadoras, de un total de 102 integrantes.
PARIDAD
Frente a las dificultades que afectaron la efectividad de las leyes de cuota, se impulsó el debate sobre la paridad política de género, materializada en la exigencia de conformar listas de candidatos con 50 por ciento de cada sexo en forma secuencial y alternada.
Varios países de la región han adoptado normas de diverso tipo en ese sentido, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México y Venezuela mientras que proyectos de ley en ese sentido se impulsan en otros países, con objetivos similares.
Claramente, la paridad es la próxima meta en la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres en ámbitos políticos. Sin embargo, si bien las disposiciones legales que establezcan reglas en ese sentido, permitirían superar muchas dificultades que presentan las leyes de cuotas, también enfrentan a barreras semejantes, como aquellas que imponen los sistemas electorales. Las barreras políticas identificadas llaman la atención sobre la necesidad de articular estrategias diversas desde la sociedad civil, actores políticos y partidarios para apoyar la plena participación de las mujeres en política, más allá de las regulaciones legales que promuevan la paridad.
Un gran desafío que se vislumbra es la violencia contra las mujeres, ya sea en las contiendas electorales como en el proceso de ejercicio del poder. En la Región se han impulsado diversas estrategias para asegurar la atención de las mujeres que participan en la vida política. Así, en 2012 en Bolivia, se aprobó la Ley contra el Acoso y la violencia política hacia las mujeres como resultado de las acciones emprendidas por la Asociación de Concejalas de Bolivia.
La participación de las mujeres en los espacios de poder y decisión de los partidos políticos y sindicatos, continúa siendo la gran deuda pendiente.
FUENTE Documento Regional de la Sociedad Civil Beijing +20. América Latina y el Caribe. 2015
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